Manuela Carmena-alcaldesa de Madrid
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid / Gtres

Los tres reproches inmobiliarios que el actual Ayuntamiento de Madrid hace a sus predecesores

El Ayuntamiento de Madrid ya tiene sobre la mesa las primeras conclusiones de la auditoría que el equipo de Manuela Carmena encargó para analizar el fuerte crecimiento de la deuda de la capital y el grado de efectividad de las políticas públicas que llevaron a cabo los anteriores gobiernos municipales. Unas reflexiones que han sido recogidas en un informe.

Según este primer examen, que se basa en los análisis externos que ha solicitado el Ayuntamiento y en documentación interna, Ahora Madrid asegura que a lo largo de 13 años el Consistorio no usó ni las competencias, ni los recursos que tenía en su mano para dotar a la capital de unos servicios públicos concretos.

 

“Este informe es un producto intermedio y preliminar de nuestra investigación, que se centra entre 2003 y 2015. A pesar de que no estamos ante algo definitivo, sí vemos indicios relevantes de que algunas políticas han perjudicado a la sociedad”, ha asegurado Bibiana Medialdea, coordinadora del consejo asesor de la auditoría municipal.

Entre la multitud de reproches que lanza el partido hay varios relacionados con el sector inmobiliario. En términos generales, el actual Ejecutivo municipal denuncia la escasez de viviendas públicas que había entre 2003 y 2015 para hacer frente a situaciones de emergencia social como por ejemplo los desahucios, la venta de patrimonio municipal a pérdidas y la promoción de varios Programas de Activación Urbanística (los denominados PAUs) sin tener en cuenta el impacto medioambiental.

Pocas viviendas públicas y operaciones sospechosas

Una de las primeras reivindicaciones de este primer informe sobre la auditoría es que, entre 2003 y 2015, apenas se incentivó la vivienda pública municipal.

“Como primera aproximación a la deficiente intervención municipal en este ámbito, cabe destacar que, en un periodo precisamente caracterizado por el gran volumen de inversión municipal dedicado a la construcción de infraestructuras, no se encuentran programas de inversión en vivienda pública municipal”, reza el documento.

Según los datos que maneja el Consistorio, a mediados del año 2015, justo cuando Manuela Carmena relevó en la Alcaldía a Ana Botella, la capital solo contaba con 418 viviendas como recursos para hacer frente a situaciones de emergencia como los desahucios. La cifra, según Ahora Madrid, es insignificante si tenemos en cuenta que desde 2008 se han registrado unos 89.000 desahucios en la provincia (un 10% de ellos se han producido en 2016), de los que unos 40.000 podrían haber sido en Madrid capital.

Como contrapartida, el equipo liderado por Carmena se ha comprometido a construir unas 4.200 viviendas destinadas al alquiler social durante su legislatura, 1.600 más de lo esperado, que se sumarán a las cerca de 6.000 casas que siguen siendo de propiedad pública. Aun así, la cifra será insuficiente como para cubrir la demanda residencial. Se estima que hay unas 100.000 familias en la capital que sufren dificultades severas para hacer frente al pago de sus viviendas, ya sea la renta del alquiler o la cuota hipotecaria. “Madrid debe tener inquilinos y no okupas”, ha asegurado la alcaldesa esta semana en relación con la necesidad de levantar más pisos públicos.

Además de señalar este déficit de viviendas, el informe vuelve a poner sobre la mesa la operación de venta de 1.860 casas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) por 128,5 millones de euros a Fidere, una sociedad en manos del fondo estadounidense Blackstone, y otras transacciones similares, que redujeron en una cuarta parte el parque inmobiliario social municipal.

La operación con Blackstone fue calificada de “error histórico” por Carmena y de “irregular” por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, aunque para la justicia fue legal: según una sentencia de la Audiencia Provincial contra la que no cabe recurso, la operación fue realizada conforme a derecho.

Unos PAUs que impactan en el medioambiente

El principal reproche en materia urbanística es el impulso municipal que se llevó a cabo durante los años del boom inmobiliario a los Programas de Activación Urbanística, más conocidos como PAUs, de los nuevos desarrollos residenciales en la periferia de la urbe. Los principales son los de San Chinarro, Las Tablas, Montecarmelo, Carabanchel, Valdebebas, ensanche de Barajas, ensanche de Vallecas, Arroyofresno, El Cañaveral, Los Berrocales, Valdecarros y Los Ahijones.

¿Y qué dice el informe de todos ellos? Básicamente que “hay indicios de que estos desarrollos urbanísticos creados desde cero han afectado negativamente al uso del suelo (se han urbanizado terrenos mayoritariamente rústicos y naturales), a los niveles de contaminación y al consumo de recursos. En definitiva, que su construcción y funcionamiento generan importantes impactos medioambientales negativos sobre el conjunto de la ciudadanía”.

El Ayuntamiento calcula que todos esos desarrollos han ampliado el suelo urbanizado en Madrid en unas 7.000 hectáreas, pero afirma que todo ese terreno ha perdido su carácter natural. También cree que la promoción de los PAUs no tuvo en cuenta la posibilidad de apostar por las energías renovables y que su localización distanciada del centro incide negativamente en las emisiones contaminantes al alejar los hogares de los ciudadanos de sus lugares de trabajo. Otro reproche en materia urbanística es que dichos desarrollos no contemplan las suficientes infraestructuras de tipo educativo, sanitario, cultural o deportivo.

Ahora bien, es precisamente en estos PAUs donde se ha construido más obra nueva en los últimos años en la metrópoli, debido a la disponibilidad de suelo. Valdebebas, por ejemplo, es una de las zonas con más movimiento urbanístico.

Una gestión del patrimonio ineficiente

El otro pilar inmobiliario del informe es el que reprocha a los anteriores gobiernos municipales la gestión del patrimonio, que considera ineficiente. Ahora Madrid se queja de que en 2015 el Consistorio disponía de unos 866 edificios vacíos valorados en más de 3.500 millones de euros y, sin embargo, se gastaba 39 millones de euros anuales en alquileres. De cara a este año, la previsión apunta a un gasto de 20,6 millones en arrendamientos.

El Ayuntamiento también ataca las liquidaciones de patrimonio de los últimos años, que se han saldado en muchos casos con minusvalías, ya que el precio de venta fue inferior al de compra. Por ejemplo, perdió 20 millones de euros con la venta de un inmueble en la céntrica calle Montera: en 2007, durante la legislatura de Alberto Ruiz-Gallardón, el ejecutivo municipal lo compró por 55 millones, aunque Ana Botella lo traspasó en 2013 por unos 35 millones. Algo similar sucedió con el edificio Apot, en Campo de las Naciones, que el Ayuntamiento vendió en 2013 por 35 millones para luego firmar un contrato de alquiler durante una década por valor de 42,2 millones.

Ahora Madrid, en cambio, está viviendo el escenario contrario: si en 2004 el Ayuntamiento vendió un edificio situado en la calle Alcalá por 97 millones, el Ayuntamiento ahora lo ha recomprado por 104 millones. El inmueble es la actual sede de la Concejalía de Economía y Hacienda de la capital.

En ambos casos, no podemos olvidar el momento en el que se encontraba entonces el ciclo inmobiliario. En 2013 los precios seguían cayendo con fuerza, mientras que ahora estamos en un ciclo alcista y Madrid se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para los inversores nacionales y extranjeros. Esto explica que los anteriores gobiernos vendieran a unos precios inferiores a la época precrisis y que el actual tenga que pagar más dinero por el mismo inmueble. Tampoco podemos olvidar que en 2013 la economía española estaba en recesión y que las arcas públicas (tanto estatales como municipales) necesitaban recursos extraordinarios para sufragar los gastos sociales, de ahí que se cerraran operaciones inmobiliarias con minusvalías.

“Los daños patrimoniales desgraciadamente ha tenido efectos en otro tipo de políticas, ya que no se han podido destinar más recursos a otras partidas”, sostiene Carlos Sánchez Mato, delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda de Madrid.

La deuda, la gran culpable

Pero si hay alguien que tiene la culpa de que las políticas públicas no hayan sido tan eficientes como debieran ésa es sin duda la ‘señora deuda’. “La política financiera del Ayuntamiento durante 2003 y 2015 presenta singularidades que recomiendan su estudio pormenorizado. Si algo ha caracterizado a la información económica que ha venido difundiéndose durante la última década ha sido, sin duda, la prevalencia de la deuda como eje fundamental, caracterizada normalmente como insostenible, inasuminle o impagable”, insiste el informe.

Lo cierto es que, en apenas una década, la deuda municipal se multiplicó prácticamente por siete, tras pasar de situarse en 1.136 millones en 2012 a 7.732 millones en 2012. En 2014, uno de cada tres euros que se gastó la capital fue para amortizar deuda y pagar sus costes de financiación. “El peso de la deuda es determinante a la hora de plantear la gestión presupuestaria del municipio y su capacidad para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido debe remarcarse el drenaje de recursos que el servicio de la deuda supone para la ciudad de Madrid”, recalca el documento. Por eso, insiste el delegado de Economía y Hacienda, “la auditoría ha llegado para quedarse, independientemente de quién gobierne en Madrid”.

A pesar del fuerte repunte de la deuda madrileña, que es la más alta de España en términos absolutos, no es tan elevada si miramos el endeudamiento per cápita de las grandes ciudades. En ese caso, según los datos del INE y el Banco de España, Zaragoza sale peor parada. Además, la deuda per cápita en Madrid es la que más ha caído entre 2009 y 2015: casi un 27%.

 

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