Mediación Penal

Mediación Penal

  • El actual sistema de justicia penal ha puesto de manifiesto efectos negativos que afectan tanto al delincuente como a la víctima, y por extensión, a la sociedad en su conjunto. La duración de los procesos judiciales, con la resolución muchas veces tardía de los mismos, provoca que la imposición de la pena pierda su carácter resocializador. Las penas son más efectivas por su pronta aplicación que por su dureza o severidad. Pero aún en los casos en que la respuesta judicial llegue de manera rápida, el sistema de justicia penal tampoco proporciona una respuesta satisfactoria en algunas ocasiones. El juez penal está sometido a imperativos jurídicos que no le permiten alejarse de la pura determinación de si la persona imputada ha participado en el hecho enjuiciado, si está tipificado como un ilícito penal, y si de esto se deduce la imposición de una pena. Y ello sin recoger otro tipo de consideraciones de interés social: el pasado de la persona delincuente, su futuro, el objetivo corrector y resocializador de la pena, el resarcimiento de los daños causados. En muchos casos, las penas impuestas sólo producen un mal privado a la persona delincuente, pero ningún bien público.

    También se ha de considerar que las personas víctimas en el proceso penal ocupan un papel casi secundario, y ello, en muchos casos, no ayuda a disminuir el dolor que le ha producido la situación y por ende, no se aminoran las consecuencias emocionales y patrimoniales del delito.

    La tendencia de los últimos años a aplicar los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el sistema penal ha comenzado a implantarse progresivamente, no sólo basándose en la idea de mitigar la sanción penal, sino también poniendo la mirada en la víctima como protagonista del proceso. Tampoco podemos obviar otras razones de tipo práctico, principalmente el retraso con que se resuelven los procedimientos judiciales.

    Desde principios de la década de los ochenta surgen en Europa diversas iniciativas de justicia restaurativa bajo la forma de mediación, que partieron del Consejo de Europa, y posteriormente de la Unión Europea. La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal declara que “los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales […]. Velarán para que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación”.

    De esta manera, la denominada justicia restaurativa se presenta como una nueva manera de afrontar la resolución de las cuestiones derivadas de la comisión de un delito, alcanzando a todas las personas implicadas, que resuelven el conflicto con el objetivo principal de la reparación de los daños, materiales o inmateriales. Se trata de una nueva visión de la justicia penal, donde la participación y las necesidades de la víctima son fundamentales, así como el sentido de la responsabilidad de la persona delincuente, con el fin de su reinserción social.

    En España, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, introdujo la conciliación y la reparación del daño como formas de solucionar un conflicto ocasionado por un acto delictivo. Desde que se excluye a los menores del derecho penal de adultos (Artículo 19 del Código Penal: “Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código”), es esta Ley Orgánica la que regula de manera íntegra y específica la responsabilidad penal del menor, en cuestiones tanto de derecho material como procesal, y como establece en su Exposición de Motivos, aunque su naturaleza es penal en el aspecto procesal, en lo material es esencialmente sancionadora-educativa.

    En lo que se refiere a la mediación penal en personas adultas, el Código Penal establece como circunstancia atenuante en el artículo 21.5º “la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral”.

    La mediación puede favorecer esa reparación, que en su sentido más amplio, no se limita al concepto de responsabilidad civil recogido en el artículo 110 del Código Penal.

    Incluso el Código Penal en su artículo 130.5º prevé como causa de extinción de la responsabilidad criminal el perdón del ofendido, que se podría alcanzar a través de la mediación.

  • ¿Qué es la mediación penal?

    Es un sistema alternativo de resolución de conflictos que da el protagonismo a las partes, cuando se ha producido un delito o falta, promovido por el juzgado y realizado por un equipo de mediación especializado, que permite la restauración de los daños causados, cuyo objetivo es la consecución de acuerdos que satisfagan a las partes implicadas. La mediación penal no sustituye la sentencia, pero sí la incluye y con el acuerdo de todas las partes, (Titular del Juzgado, Ministerio Fiscal, Representantes legales y las propias partes) es acogida como esencia fundamental de la sentencia.

CALL NOW
+
Call me!
A %d blogueros les gusta esto: